El vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Algeciras, Luis Ángel Fernández, en relación con la reclamación del Banco Santander de 17 millones de euros por un contrato swap firmado por el alcalde Tomás Herrera en el año 2009, exigió ayer al PSOE "y al asesor de Tomás Herrera, Fernando Silva, que expliquen por qué se hizo una operación con el Santander carente del más mínimo sentido económico y que podría causar, de estimarse las reclamaciones del Banco Santander, que el Ayuntamiento tuviera que pagar 17 millones de euros".

Fernández salía así al paso de la información publicada por Europa Sur el pasado viernes, en la que se exponía que el Ayuntamiento de Algeciras tiene procedimientos judiciales abiertos por más de 40 millones de euros, el mayor de ellos por una demanda del Banco Santander por esos 17,5 millones.

El contrato fue anulado en 2009 con el aval de la Corporación Municipal y el Consejo Consultivo

Esa demanda corresponde a un contrato swap suscrito en tiempos de gobierno socialista, recordó el teniente de alcalde de Economía y Hacienda en Algeciras. El swap no es un préstamo, recordó, por lo que el Consistorio "no ha recibido nada del Banco Santander, sino que se trata de una operación de derivados para cubrir al Ayuntamiento sobre una posible inflación que superase el 4,5% anual, cuestión que ya en aquellos años era prácticamente imposible que se alcanzase", señaló en un comunicado.

Para el concejal, "es un absurdo que un ayuntamiento firme este tipo de operaciones para cubrirse de la inflación, ya que ni los ingresos ni los gastos municipales están condicionados por ese parámetro.

El pleno del Ayuntamiento (ya con gobierno popular, aunque el PSOE ya había intentado anularla) anuló esa operación previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, ya que, además de que hubiera costado un millón de euros al año, se había hecho de manera absolutamente ilegal, al no haber contado el entonces gobierno socialista con el respaldo expreso de la Corporación Municipal de 2009.

Fernández indicó que "estar pleiteando con una reclamación de 17 millones de euros por una decisión del gobierno del PSOE carente de explicación lógica no debería quedar sin responsabilidades no solo por parte del entonces alcalde socialista, sino también por parte de su asesor principal, Fernando Silva, y del resto de miembros de aquel gobierno". Para el popular, los asesores "tienen que tener una responsabilidad moral y legal sobre lo que asesoran, por lo que en casos como este en que su asesoramiento podría costar muchos millones de euros al ayuntamiento, debe también asumir su responsabilidad".