Andalucía se situó en 2016 a la cabeza de España en el número de asuntos ingresados en sus órganos judiciales, con un total de 1,24 millones, un 31% menos que el año anterior, con lo que sigue su tendencia a la baja de los últimos años aunque sí mantiene una de las tasas de litigiosidad más altas del entorno.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, señaló durante la presentación de la memoria anual del alto tribunal que la disminución porcentual, al pasar de 1,79 millones de asuntos de 2015 a los 1,24 millones del pasado ejercicio, proviene singularmente de la última reforma penal.
A pesar de la bajada, las estadísticas reflejan un porcentaje de ingresos "demasiado elevado" para los actuales recursos y el contexto organizativo "deficitario y sumamente rígido", y evidencian la necesidad de frenar la elevada litigiosidad, una de las más altas de los países del entorno.
Andalucía se situó a la cabeza nacional en número de ingresos, con un porcentaje de litigiosidad por encima del 21% y una tasa de 145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo superada por Canarias (158,7) y frente a los 124,9 de media del conjunto nacional.
Los juzgados y tribunales de la comunidad andaluza ingresaron en concreto 1.245.470 asuntos totales y fue la jurisdicción penal la que más número de asuntos recibió, un 64%, bastante más de la mitad de los asuntos registrados.
El descenso total del 31% se debió precisamente a las reformas legales que destipificaron algunas conductas y suprimieron las faltas y a que se dejaran de remitir a juzgados instructores los atestados policiales cuando no exista autor del delito denunciado.
Frente al 64% que aglutinaron los procedimientos penales, la jurisdicción social registró un 5%, la contencioso administrativa un 4 %, mientras que la jurisdicción civil supuso un 27% del total de asuntos ingresados.
En cuanto a la resolución, se resolvieron 1.278.136 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 494.029 asuntos, lo que implicó una bajada del 4% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2015.
La tasa de resolución fue por tanto del 1,03 en 2016, lo que, según Del Río, refleja que los órganos judiciales se situaron en un buen nivel de laboriosidad y resolvieron más asuntos de los ingresados, pese al déficit organizativo y de recursos personales.
El problema ha seguido siendo la tasa de congestión, que refleja la carga total de trabajo -asuntos registrados más pendientes-, siempre superior a los asuntos que se resolvieron.
Todo ello hace que la valoración final no sea satisfactoria, al ser patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
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