El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha exonerado a los técnicos del Ayuntamiento de Algeciras Guillermo Alberola Visedo, Francisco Javier Malla Calvente y Francisco José Álvarez Ruiz del proceso judicial que mantiene por el supuesto amaño en el concurso de adjudicación del polideportivo Body Factory. Por el contrario, mantiene la imputación, entre otros, al exalcalde socialista de Algeciras Diego Sánchez Rull por los delitos de prevaricación, cohecho y fraude a las administraciones públicas.

El juez investiga una red de contratación fraudulenta que la empresa Fitonovo creó y desarrolló entre 1995 y 2013 y que le valió, entre otras actividades criminales, para hacerse con la concesión del entonces denominado polideportivo El Calvario. Éste salió a licitación en 2010 y tres empresas optaron a hacerse con la concesión: Body Factory Gestión (participada en un 49% por Fitonovo y en un 51% por Body Factory franquicias), Supera 2016 y Campusport. El contrato fue finalmente adjudicado a la primera. Según el juez, Sánchez Rull -entonces responsable de Construcción y Urbanismo del Ayuntamiento y luego alcalde de Algeciras- recibió, al menos, dos comisiones de 130.000 y 18.000 euros a través de un intermediario, de su absoluta confianza. Éste era socio suyo en la empresa de educación infantil El patio de mi casa -así como las esposas de ambos- y había sido gerente de Emalgesa, la empresa mixta que se encarga de la gestión del agua en el municipio de Algeciras, entre 2005 y 2008. Al intermediario también le mantiene la imputación, puesto que su alegación consistía en que sólo había dispuesto de 60 días laborables para examinar la causa y el juez entiende que doce semanas es tiempo más que suficiente.

En un auto con fecha del pasado 14 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Sur, el juez De la Mata estima los recursos presentados por Alberola Visedo, Malla Calvente y Álvarez Ruiz contra una resolución del 26 de julio de este año y acuerda el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones contra los tres. El magistrado afirma que "les asiste la razón cuando mencionan que su actuación, fundamentalmente, consistió en la emisión de sendos informes técnicos para coadyuvar a la toma de la decisión final, sin que conste suficientemente que con su fin directo fueran a ocultar ilegalidades". También considera el juez que no hay pruebas de que "con el contenido de tales informes fueran a dar cobertura a la criminal finalidad perseguida por Sánchez Rull y los directivos de Fitonovo SL y Body Factory". Tampoco puede derivarse del contenido de esos informes técnicos, entiende el magistrado, "que estuvieran concertados con Sánchez Rull para la defraudación a la Administración Pública acometida por éste, o que participaran o conocieran las contraprestaciones que Sánchez Rull recibió de los licitadores".

En los recursos, Malla y Álvarez afirman que no tuvieron participación alguna en los hechos y que no puede entenderse que cometieran alguna irrregularidad para beneficiar a la empresa adjudicataria. Alberola Visedo asevera que su actuación consistió en la emisión de un informe urbanístico y que eso debe ser "calificado inicialmente como acto profesional propio del funcionario responsable de un servicio municipal que sigue los trámites correspondientes".