Con motivo del estreno de la película histórica dirigida por Salvador Calvo, titulada 1898, Los últimos de Filipinas, vuelve a la actualidad aquel periodo de nuestra historia que significó el fin de las posesiones de nuestro imperio, consagrando el llamado Desastre Español; convirtiéndose en un verdadero trauma nacional, no sólo en lo patriótico y económico, sino también en lo social; sobre todo, para las clases humildes por el coste humano que aquella guerra supuso para los jóvenes de aquélla época.

Algeciras, como el resto de poblaciones de la nación, también sufrió la pérdida de muchos de sus hijos, que al no poder abonar las 2.000 pesetas (posteriormente se rebajó a 1.500 pesetas), que el Gobierno había determinado para la exención del servicio militar; se vieron obligados acudir a filas. La mayoría jóvenes analfabetos, que no tenían otro universo que el de sus familias y su hogar y eran trasladados al otro lado del mundo, para, en su gran mayoría, encontrar la muerte lejos de Algeciras. Los más humildes protestaban cantando: "A los hijos proletarios/ a Cuba a morir nos llevan /y los de los propietarios/ en sus casitas se quedan". Tras la derrota y la firma del tratado de paz (París 12 de agosto de 1898), la sociedad española entra en una especie de depresión nacional que requerirá de la creación de un periodo posterior de superación que será llamado "regeneracionismo". Curiosamente, el desastre del 98, se quiso paliar con "gloriosas campañas militares en nuevos territorios del norte de África"; nuevos desastres aguardarían a la sociedad española, en su intento de recuperar antiguos oropeles perdidos para siempre. Mientras tanto, para las familias que habían perdido a sus hijos lógicamente no había regeneracionismo que paliara su dolor. Pocos años después de la retirada de las tropas de ultramar, el gobierno quiso compensar económicamente a los supervivientes, así cómo a las familias de los fallecidos y desaparecidos por los sufrimientos padecidos. El procedimiento administrativo para alcanzar las ayudas, no era ni sencillo ni barato para la gran mayoría de los solicitantes. En primer lugar, había que registrar la solicitud en la delegación provincial de la tesorería, para lo cual -a comienzos de siglo- hacía faltar perder uno o dos días de trabajo si el soldado solicitante podía permitirse viajar en el transporte público de la época (la empresa de carruajes La Madrileña, publicitaba: "A Cádiz en 8 ó 9 horas"), o más días, en caso de optar por marchar a Cádiz vía trocha atravesando la sierra, la Laguna de la Janda y llegar hasta Vejer, para desde allí enlazar con algún transporte que tuviera a bien acercarlo hasta la capital de la provincia. Hacerlo desde el lugar de residencia obligaba a firmar un poder, con su gasto preceptivo, para que otra persona actuara en su nombre. Una vez registrada la solicitud había que esperar un periodo de evaluación que contemplara, entre otros requisitos, tiempo de servicio, graduación, etc. Una vez realizada la evaluación, los resultados eran publicados en la Gaceta (BOE); a partir de ese momento, el solicitante podía cobrar lo que le hubiese asignado el tribunal de evaluación, teniendo derecho a recurrir, en caso de desacuerdo, contra el dictamen del tribunal. Trámite, por cierto, que casi nadie emprendía, dado lo caro y farragoso del mismo.

Algeciras por aquel entonces, era una pequeña ciudad provinciana marcada por su situación geográfica, que poco a poco estaba introduciéndose en el siglo XX. Las familias algecireñas que habían sufrido la pérdida o desaparición de algún ser querido, a pesar de la necesidad, no encontraban en el dinero que les pudiera corresponder consuelo a su desgracia. No era extraño que en las tertulias o reuniones que se producían en los establecimientos, como el de coloniales de Dueñas Perujo, ubicado en el número 13 de la calle Colón, o en la panadería de Santiago Aguilera, en la calle Sol se contasen las tragedias familiares por la pérdida de un hijo de aquellas madres vestidas de negro que caminaban en silencio por la calle. Tal sería el caso, de la algecireña Francisca García Silva, quien, tras afrontar los gastos derivados de la solicitud, reclamó al Estado "el crédito de los alcances que devengó en la última campaña de Cuba su difunto hijo Alfonso Quero García, como soldado que fue del batallón provincial de La Habana Nº 1". También se acogieron a la medida gubernamental, como lo hizo la citada madre, los que sobrevivieron a la tragedia de ultramar, como el guardia municipal Juan Espinosa Sánchez, con domicilio en el número 60 de la calle Gloria, quién expresaba en su solicitud: "Reclama de la Tesorería de la Deuda y Clases Pasivas un crédito que se le adeuda por Ultramar en 575 pesetas, cómo consecuencia de los servicios que prestó de sargento de cornetas en el extinguido batallón de Cazadores de Puerto Rico, número 19". Otro caso, fue el del marinero Julio Rubio Vivante, domiciliado en la calle Baluarte, 19; quién: "Reclama de la Tesorería de la Deuda y Clases Pasivas, un crédito que se le adeuda por Ultramar en 147 pesetas, cómo consecuencia de los servicios que prestó". También el zapatero superviviente a la tragedia de ultramar, con domicilio en la calle Castelar,32, llamado José Morilla Molina: "Reclama de la Tesorería de la Deuda y Clases Pasivas, un crédito que se le adeuda por Ultramar en 245 pesetas, cómo consecuencia de los servicios que prestó en el Regimiento de Álava". A veces los que volvían lo hacían para morir entre los suyos; o para sufrir, junto a sus familias las secuelas de la guerra.

Conforme iban percibiendo las cantidades que el Estado les adeudaba por los sufrimientos prestados, se correría la voz para que el máximo de los afectados, o sus familias, pudieran percibir los haberes que les correspondiesen. De seguro que en establecimientos públicos como la droguería de Miguel Ramos en la Plaza Alta, en la barbería de Juan González, sita en el número 18 de la calle Convento, o en la fragua propiedad de Benito Ramón Campillos, abierta en el número 7 de la calle Buen Aire, se comentaría los "amargos dineros" que el Gobierno estaba dando a los que habían luchado en Cuba.

También había huérfanos que se acogían a la medida, tal fue el caso de los hijos del oficial Juan Deckler García, cuyo derecho en favor de sus hijos fue ejercido por la viuda y madre de estos, Juana Carmona Román, con domicilio en calle Viudas 7 (hoy, Tte. García de la Torre) "según expediente acreditado y presentado en la Dirección de la Deuda para el cobro de un crédito de Ultramar a dicho finado, importando la cantidad de 978'20 pesetas". Otros más modestos también ejercieron su derecho: Francisco Nieto García, jornalero, solicitó un crédito "en base a su presencia cómo soldado en posesiones de ultramar, en la cantidad de 60 pesetas"; el también jornalero, Juan Enríquez Rodríguez, con domicilio en la Acebuchal, reclamó "pagos pendientes de Ultramar, derivados de la última guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en la cantidad de 339'30 pesetas". Sumándose a los reseñados, Pedro García Rey, "por el mismo concepto y misma cantidad". Otras veces, para rebajar los gastos de la solicitud, las reclamaciones se hacían en grupo, tal como lo hicieron "Ricardo Carretero Fuentes, de profesión alfarero; Fernando Ortega Enríquez, hojalatero; Domingo Rivero Blanco, jornalero, y Antonio Delgado León, sin profesión definida, quienes "reclaman a la Junta Clasificadora de Pagos pendientes de Ultramar, derivados de la última guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el abono de un total (a repartir), de 589'90 pesetas". Igual aconteció a Fernando Camacho Benítez, de profesión carabinero; y Antonio Andrades Andrades, pendientes de pago de ultramar derivado de las últimas guerras coloniales, "tienen derecho a un crédito de 496'50 pesetas el primero; y 267 pesetas, el segundo". Dada la situación económica de muchos de éstos ex soldados coloniales algecireños, las cantidades percibidas supondrían un gran alivio a su situación o a las de sus familias, dada la falta de trabajo existente en la Algeciras de aquella época; tal sería el caso del jornalero José Jiménez Vaca, quién hizo la reclamación en base a prestar su servicio militar en ultramar, como "soldado del batallón de Infantería Provisional de Puerto Rico, 1, dónde sirvió".

La ciudad, se hizo rápidamente eco de esta circunstancia que, al mismo tiempo, significaba una inyección económica para la ya de por sí debilitada economía local. No siendo por tanto extraño que los propietarios de los distintos establecimientos de la ciudad, además de por razones humanitarias, se alegraran por el bien de su comercio de la medida, tal sería el caso de Ricardo Casas, propietario del establecimiento de bebidas abierto en el número 50 de la calle Castelar (antes Soria); o el almacén de curtidos de Antonio Valdés e Hijos, que tenían su establecimiento en el número 21 del Calvario (hoy, Avd. Blas Infante), o que decir de la confitería La Alhambra, propiedad de Francisco Campón, sita en la Plaza Alta, donde su dependiente José Manrrubia, desde hacía tiempo veía peligrar su puesto de trabajo ante la falta de venta en su comercio.

Prosiguiendo con las solicitudes enviadas por los vecinos de Algeciras, se encuentran entre estas la del carabinero Francisco Martos Rojano y la de José Meléndez Artiaga, jornalero, quienes "en base a su presencia como soldados en las posesiones de Ultramar, tienen derecho a percibir las cantidades de 252'50 pesetas el primero y 383'75 pesetas, el segundo". Al mismo tiempo que los excombatientes o las familias de los desaparecidos en combate proseguían sus solicitudes ante la fría ventanilla del Registro de la Tesorería de Hacienda en Cádiz, la misma ventanilla, con igual talante, acogía el ingreso de las 1.500 pesetas necesarias para la redención militar, como así lo hicieron para impedir que sus hijos fueran a la guerra, los algecireños "Antonio.R.M, padre de Antonio R.G., y Francisco L.G., padre de Pedro L. M". No obstante, las solicitudes de los algecireños que no pudieron eludir la guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas seguían registrándose: "Cándido Moreno Gómez, de profesión taponero y ex soldado de Ultramar, correspondiéndole la cantidad, según la Gaceta, de 122.737 Ptas". Igual aconteció al zapatero, Francisco Pilares Valencia; o a los también vecinos de Algeciras "Alonso Campos Rueda y José Salvadore Martínez; Antonio López Díaz y Nicolás María de la Encarnación; Antonio Mena Román; José López Martínez, Francisco Ballesteros Santamaría, Miguel Torres Gómez, Manuel López Gómez, José Rodríguez Ríos, Luis Hidalgo López, José Corrales Moya, José Manrique Manzano, Manuel Muñoz Cuevas, Francisco Blanco Pérez, o el carpintero vecino de nuestra ciudad, con domicilio en el número 55 de la calle Sevilla, llamado Antonio Blanco García (Tapia Ledesma, M. Historias de Algeciras (I), Un carpintero condecorado en la guerra de Cuba. Ed. Imagenta. 2015).

En aquella difícil época a veces la tragedia hacía acto de presencia a pesar de los esfuerzos de las familias -pudientes o no-, por eludir el ingreso a filas de sus hijos, o reducir su presencia en el frente; tal fue la desgracia acontecida a la vecina de Algeciras Dña. María África A. R. "de estado viuda, madre del mozo José G.A. quién depositó en la Delegación de Hacienda de ésta provincia de Cádiz, al objeto de reducir el tiempo de su servicio en filas, la suma de 500 pesetas, según Carta de Pago expedida en 24 de enero [...], que en 15 de marzo del mismo año, falleció en esta población su hijo, antes de la incorporación a filas de los mozos de su reemplazo, soltero, por lo que la solicitante requiere retirar y cobrar de la Delegación de Hacienda de esta provincia las 500 pesetas, depositadas para reducir el tiempo en filas de su hijo". Aunque lo normal era que el dolor fuera por delante de la solicitud: "Juan Bejarano Silva y Juana Sánchez Santos, padres del soldado finado de Ultramar, solicitan a las oficinas del Estado, las cantidades que correspondan a su finado hijo".

Desgraciadamente, dada la situación social en la que se encontraba nuestra ciudad, aquel amargo dinero vendría a resolver no pocas necesidades familiares. 

Manuel Tapia Ledesma es licenciado en Derecho y director del Archivo Notarial de Algeciras.