Algeciras tendrá que pagar hasta un millón de indemnización por el caso ADL

  • El Consistorio compensará a la empresa que quedó segunda en el concurso de ayuda a domicilio de 2012, anulado judicialmente

  • El PSOE irá a la Fiscalía para exigir responsabilidades

Reunión de la Mesa de Contratación en la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a ADL, en julio de 2012. Reunión de la Mesa de Contratación en la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a ADL, en julio de 2012.

Reunión de la Mesa de Contratación en la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a ADL, en julio de 2012. / e.s.

La adjudicación en falso del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Algeciras a la empresa ADL tendrá finalmente una repercusión económica para las arcas municipales. Los tribunales declararon nula la concesión de dicho servicio a esa empresa tras la demanda interpuesta por la sociedad que quedó segunda en el concurso y, a pesar de haber intentado evitarlo, el Ayuntamiento tendrá ahora que pagar una indemnización a esa segunda empresa por no haberle adjudicado el servicio.

El caso se retrotrae al año 2012, fecha en la que se sacó a concurso la concesión del servicio de ayuda a domicilio por dos años, prorrogables a un tercero. Este se adjudicó a ADL por 2,4 millones de euros anuales, 236.000 euros menos de lo ofertado en licitación. La otra empresa en liza era Adisa, creada por los responsables de Acasa, la sociedad que se había encargado de este servicio durante los últimos años.

ADL se llevó la concesión a pesar de que la oferta no se ajustaba al pliegoEl juez obligó a retrotraer el concurso al momento de la apertura de ofertas

El contrato fue formalizado con ADL y Adisa acudió a los tribunales. En octubre de 2014 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló la adjudicación y tras un recurso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvió a declararla nula y ordenó retrotraer el concurso al momento de apertura de las ofertas económicas, rechazar la de ADL y continuar en esos términos el procedimiento administrativo, quedando como única oferta entonces la de Adisa. ¿El motivo? El Tribunal consideraba que la oferta de ADL no se ajustaba a la fórmula establecida en el pliego de condiciones, al ofrecer un precio por hora en lugar de a tanto alzado (la cifra total). Y la mesa de contratación carecía de atribuciones legales para subsanar dicho error, que fue lo que hizo, introduciendo un nuevo criterio de selección que no aparecía en las bases del concurso. El proceso quedaba así "viciado de nulidad".

El Gobierno popular dio marcha atrás a la adjudicación mediante el desistimiento del contrato, intentando evitar una indemnización. Pero finalmente esta se producirá después de que el juzgado haya requerido la ejecución de la sentencia.

El coste de esa indemnización ascenderá al 3% del periodo en el que no pudo desarrollar su trabajo, según explicó ayer el Ayuntamiento de Algeciras. Un importe que oscilará entre 240.000 y un millón de euros en función de la decisión del juzgado, advirtió el grupo municipal socialista.

Esta circunstancia fue comunicada en la reunión de la Mesa de Contratación del Consistorio, cuyos integrantes conocieron el informe elaborado en este sentido por el secretario general, José Luis López Guío.

Sobre esta cuestión, la teniente de alcalde responsable de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, recordó que "la sentencia no dice que la contratación fue ilegal", sino que "la decisión judicial de anularlo se centró en que no dio por válido uno de los trámites realizados, que no fue otro que pedir a la empresa una aclaración sobre una oferta".

La edil mostró su sorpresa por la actitud mantenida durante la reunión del representante del PSOE en la Mesa de Contratación, Fernando Silva, "que ha sometido a los técnicos municipales a un interrogatorio, cuando ni él ni su partido pueden darnos lecciones de moral en lo que se refiere a contrataciones públicas, cuando aún sigue coleando, por ejemplo, la adjudicación del servicio de grúa".

"Ni el señor Silva ni su partido pueden olvidar que durante los años de mandato socialista en el Ayuntamiento, el servicio de ayuda domiciliaria era adjudicado a dedo siempre a la misma empresa y que cuando llegamos al Gobierno municipal nos encontramos con un pliego de condiciones que adjudicaba el servicio durante doce años y que daba más puntos de baremación a las ofertas que fuesen locales, algo absolutamente ilegal y que tuvimos que dejar sin efecto" recalcó Conesa.

"Lo que sí está claro es que el Partido Popular puso todo su interés para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio a una empresa determinada, cuya oferta económica incumplía el pliego de condiciones y pese a las advertencias que entonces hizo en ese sentido el grupo municipal socialista", replicó el portavoz municipal socialista.

"Exigimos responsabilidades políticas al alcalde y que depure responsabilidades a sus delegadas de Contratación y Bienestar Social, que propiciaron la adjudicación a una empresa determinada cuya oferta no cumplía con el pliego de condiciones, y ahora nos vemos obligados a pagar un indemnización de cientos de miles de euros", reclamó Silva.

No es la única irregularidad consentida por el PP en la concesión y gestión del servicio de ayuda a domicilio por ADL, señaló Silva. Han sido muchas y variadas las denuncias contra ADL y el Gobierno local del PP por incumplimientos del pliego de condiciones del servicio, que incluso llegó a conceder a la empresa una segunda adjudicación del servicio, que encareció y a la que luego renunció en favor de la segunda empresa que se presentó (OHL en esta ocasión).

"El alcalde del PP en Algeciras nunca llegó a esclarecer cómo era posible que la persona que avaló a la empresa ante el Ayuntamiento cobrara nóminas de 4.000 euros de la propia ADL como conductor o auxiliar", apunta el PSOE. La entonces secretaria de Política Institucional de la Ejecutiva Local socialista, Isabel Beneroso, que denunció la situación, dudó sobre la legalidad de que un tercero, luego trabajador de la empresa, y no el propietario de ADL, fuera el avalista.

"El alcalde tiene que ponerse a trabajar y dar una respuesta inmediata ante el final de un proceso judicial contrario a los intereses económicos municipales, y que señala las responsabilidades políticas de dos destacadas miembros del gobierno del PP, sus delegadas de Contratación y responsable de la coordinación en Alcaldía y la delegada de Bienestar Social. Su gestión en la concesión de forma irregular a la empresa ADL va a salir carísima para las arcas municipales. Por tanto, el PSOE va a actuar en consecuencia y una vez sea firme la sentencia y la indemnización acudirá a Fiscalía para que actúe contra las responsables de este atropello", concluyó el portavoz municipal socialista.

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